Blog de Javier Echaide

Dos elecciones muestran hasta dónde pueden llegar los cambios político-institucionales en Europa. Grecia tuvo elecciones parlamentarias dentro de un gobierno fuertemente debilitado por la crisis económica y Francia al mismo tiempo tuvo el ballotage electoral por la presidencia nacional, en donde ganó el principal partido opositor.

En Grecia se vive la crisis económica europea desde su epicentro. El Parlamento griego ha quedado dividido y las elecciones no mostraron ningún ganador claro, lo cual evidencia sí la ruptura de los lazos de representación entre las instituciones políticas (los partidos) y sus representados (el pueblo griego).

Grecia vive momentos similares a los de Argentina en el 2001, en donde la crisis de representación de los partidos y de legitimación del sistema político son muestra del hartazgo de la sociedad que recibe los principales costos de la "gestión de la crisis".

Así es como puede explicarse someramente la conformación del parlamento griego tras las elecciones: 7 partidos son los que "gobiernan" el Poder Legislativo. Su composición es de 300 diputados, pero ninguno de los partidos que lo integran ha logrado acceder a la mayoría de 151 escaños. El partido conservador Nueva Democracia (ND) oficialmente ganó las elecciones con solo el 18,9% de los votos, frente al 33,9% que había conseguido en 2009, es decir menos de la mitad de aquellos resultados de antaño... Tendrá 108 bancas y desde allí apoyará el proceso de ajuste profundizado todavía más en los últimos meses y que fuera impulsado desde el cargo más importante para la Grecia de hoy: Bruselas, donde reside la Comisión Europea de la UE y cuyas directivas económicas han convertido al gobierno griego en una simple y triste gestoría de la crisis.

La Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) es el partido que con el solo 2% de diferencia logró ubicarse segundo (16,6%). Con sus 52 diputados seguramente representará una férrea oposición a los planes de austeridad extrema efectivizados desde el gobierno, aunque no aboga por romper con la zona euro lo cual impide a Grecia poder hacer una devaluación y recobrar su política monetaria para dar respiro a las clases media y baja.

El Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), de corte socialdemócrata, era el principal partido griego hasta esta elección. Se le culpa de la crisis en términos nacionales. Ello pulverizó aquel 44% de la votación del 2009 y lo llevó a un tercer lugar hoy con 13,4% y apenas 41 escaños. Juntos con los conservadores -que también vieron pulverizado su resultado electoral-, los socialdemócratas son los principales derrotados en esta contienda electoral.

Luego está la derecha de los Griegos Independientes: una escisión de ND. De cero diputados saltará ahora a 33 bancas, un 10,6% de los votos y la cuarta plaza como fuerza nacional. Su separación del ND se basa en su corrimiento más hacia la derecha que el partido oficial: rechaza recibir directrices del exterior, se opone a la austeridad y fomenta el nacionalismo político y económico.

Tras ellos se ubicó el Partido Comunista de Grecia (KKE), con 26 escaños y el 8,5%. Tampoco está de acuerdo con la política de ajuste y de las directivas de Bruselas, pero además aboga por salirse de la zona euro.

El avance de la extrema derecha neonazi del partido Amanecer Dorado (JA), que ganó 21 diputados, sorprende. Con su declarado discurso xenófobo, nacionalista y antieuropeo entró en el parlamento con una representación y bloque propios.

Y por último, se ubica la Izquierda Democrática (DIMAR), una izquierda moderada que es escisión del SYRZA y que podría ser clave con sus 19 dipuados para conformar un posible bloque de gobierno entre el ND y el Pasok, con una extraña alianza de izquierda-socialdemócrata-conservadora. Todo vale para conservar el plan económico de la UE.
Francia también vio un asenso de la derecha, aún cuando la 2da vuelta presidencial la ganó el socialdemócrata Francoise Hollande, quien hace que el socialismo francés retorne al Liceo tras 17 años de ausencia.

Se trata de un cambio que se presenta como sustancial pero que exuda continuidad en materia de política económica para la Europa en crisis. A pesar de ello, ya se sienten los efectos adversos de la derrota de Sarkozy en Alemania y en Gra Bretaña. La Canciller alemana Angela Merkel vio debilitada su posición con el triunfo socialdemócrata y el fin de la alianza conservadora motor de la integración europea de los últimos años: el matrimonio político "Merkozy".

Por su lado, el Primer Ministro británico y duro líder del Partido Conservador inglés, David Cameron, no solo no recibió al entonces candidato a la presidencia francesa, sino que expresó sus temores acerca de ver concretados los puntos del programa electoral de Hollande sobre la protección de los servicios públicos, revisar el pacto fiscal europeo, sus críticas a los planes de austeridad en la UE, sus declaraciones sobre una "nueva Europa" y, sobre todo, la revisión del "cheque británico" logrado por Thatcher hace casi 30 años y que le permite limitar en favor de Gran Bretaña la aportación al presupuesto de las arcas comunitarias de la UE.

Está claro que el triunfo de Hollande en Francia vuelve a barajar algunas opciones internas dentro de los tres actores principales de la UE. Pero esos cambios estarán de seguro limitados fuertemente por los aspectos que más condicionan a la "periferia europea", como ser a Grecia.

Es por ello que vemos triunfos electorales de la socialdemocracia y de los conservadores al mismo tiempo: lo que triunfa es la oposición, no una ideología clara en términos de conducción política dentro del bloque regional.

Lo que sí se avisora más es un lento pero seguro avance de la derecha xenófoba y neonazi que debe preocupar en todos los aspectos. La "opción europea" a la centro-izquierda o al conservadurismo liberal no parece ser un camino emancipatorio de las clases populares (media y baja) sino un giro hacia la ultra-derecha más reaccionaria y que coloca el mapa político actual del "viejo continente" en un tono similar al de -precisamente- los inicios de la década de 1930, crisis incluida. Y de ser así, la historia muestra que el escenario no ha de ser alentador...

Mientras todas las noticias locales parecen estar centradas en España y la situación sobre la expropiación de Repsol/YPF, uno de los países centrales de la Unión Europea (UE) elige presidente: Francia.

El actual presidente Nicolás Sarkozy (de centro-derecha) busca reelegir su mandato en un escenario lleno de dificultades, teniendo a la actual crisis internacional y su impacto en Francia y en Europa como el principal problema a resolver.

Sarkozy accederá en el segundo lugar a la 2da vuelta. Su principal opositor, el socialdemócrata Francoise Hollande (del Partido Socialista Francés, PS) es el ganador de la 1ra vuelta disputada hoy con el 28,63% de los votos. El total de votos ha cubierto el 79% del padrón electoral (lo que significa un nivel de abstención del 21%).

Pero lo que más ha sorprendido ha sido el avance de la derecha pura y dura en Francia, con el Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen (hija del líder de la ultraderecha Jean-Marie Le Pen), quien actualmente ocupa una banca en el Parlamento Europeo.

La izquierda de Jean-Luc Mélenchon del Frente de Izquierda (FdG) también tuvo un avance en el electorado en desmedro de algunos votos socialdemócratas y en votos de partidos minoritarios.

Pero fue el resultado de la derecha la nota de las elecciones. Esto no hizo mas que acercar el programa electoral de Sarkozy al electorado conservador, corriendo sus posiciones aún más hacia la derecha para aprovechar el electorado del FN. Le Pen, por su parte, hábilmente no declara su apoyo a la reelección de Sarkozy: prefiere apostar a una derrota momentánea del conservadurismo y los democristianos que Sarkozy representa, resignar 4 años en favor de los socialdemócratas, y fortalecerse como principal opositora con fuerza propia proveniente de la extrema derecha nacionalista y ultraconservadora.

Por lo pronto, la 2da vuelta electoral anticipa una victoria socialdemócrata sin demasiadas estridencias. En términos internacionales el principal punto de preocupación radica en la continuidad o no del tándem político "merkozy" (Merkel + Sarkozy) como núcleo duro del actual modelo europeo en la UE.

En este dilema entre continuidad o quiebre de dicho esquema se juegan multiplicidad de efectos, principalmente en el manejo de la actual crisis internacional que castiga fuertemente a Europa y que golpea sobre todo a los países de la periferia geográfica de la UE: Grecia, Portugal, Italia, España... De la continuidad de este "matrimonio político" o no, dependerá la continuidad o no de las políticas de ajuste neoliberales que se aplican actualmente dentro de la UE y que se evidencian sobre todo en Grecia e Italia. Aunque algunos analistas políticos ya adelantan que un dúo "merkollande" tampoco significaría grandes cambios para los sectores afectados por la crisis en Europa o de un golpe de timón en la conducción de las políticas macroeconómicas del bloque regional.

El 5 de mayo será la 2da vuelta, y el pueblo francés tendrá la última palabra.

Tras los rumores y un apresurado regreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Cartagena de Indias (donde se realizó la VI Cumbre de las Américas), el Poder Ejecutivo tomó la decisión política de expropiar el 51% de las acciones de Repsol/YPF.
La privatización de YPF en dos etapas (la primera culminada en 1993 y la segunda en 1999) por el gobierno de Carlos Menem fue escandalosa por donde se viere. No solo por los actos de corrupción que tiñeron de sospechas la operación -y que valió la denuncia en la causa "Olmos II", continuidad de la iniciada por Alejandro Olmos sobre la inconstitucionalidad e ilegitimidad de la deuda externa argentina contraída por la Dictadura Militar y que tuviera sentencia final en el año 2000 declarándola
ilegítima, pero enviándola al Congreso "para que tomara una decisión política dado las importante consecuencias que ello implicaría para la Nación", sentencia que sigue allí, en el Congreso, esperando ser analizada junto al sueño de los justos-. También por las hondas repercusiones que significó al país el tener privatizada y extranjerizada la extracción, producción y exploración del recurso energético por excelencia en los últimos dos siglos.
Argentina era el único país -como se dijo en el anuncio presidencial- de la región que no controlaba su producción de hidrocarburos. Es más, era uno de los pocos -si no el único- caso en el mundo en donde esta producción se hallaba en manos privadas extranjeras. El retorno de YPF a manos públicas era, por lo tanto, algo esencial para controlar un recurso tan estratégico como es el petróleo que se extrae en nuestro país.
Ello hay que saberlo diferenciar de lo que significa la política nacional de hidrocarburos. Una cosa es que la empresa sea controlada o no por el Estado, y otra distinta es qué se hace con ella y cuál es la política en materia energética. Son dos cuestiones aparte que no deben ser analizadas como si fuera la misma: la recuperación de YPF bajo control del Estado no significa per se que la crisis energética está resuelta.
Pero más allá de la política en materia energética (cosa sobre la que seguramente habrá voces más expertas como para establecer una opinión aquí), el hecho de retomar el control de YPF era algo imprescindible, no solo en Argentina sino en cualquier lugar del mundo. De hecho, en 2008 fuimos testigos presenciales en México de la fortísima campaña por parte de organizaciones sociales y ONGs respecto de impedir la privatización de Pemex, lo cual logró evitarse para el bien de todos los mexicanos.
¿Podría haberse tomado la vía de la nacionalización (es decir, la compra en el mercado a valor tal del 51% de dichas acciones)? Podría, sí. Pero también debe considerarse que el Estado -cualquier Estado en el mundo- tiene el derecho de expropiar como una acción que es potestad de su soberanía, siempre que se cumplan los requisitos de sanción de ley, declaración de utilidad pública y pago de una indemnización en monto y tiempos razonables.

Entrarán seguramente en la polémica por qué se expropiaron solo las acciones de Repsol y no las del resto. Evidentemente la decisión del Ejecutivo ha sido tomar el control de la empresa (formar la voluntad societaria) con ese 51% del capital accionario, y no expropiar la empresa en su totalidad, lo cual es una decisión respetable. ¿Por qué solo a Repsol? El senador oficialista Aníbal Fernández declaró públicamente que era "simplemente porque era el accionista mayoritario", que no se le expropió de todo su capital sino de la parte mínima esencial para lograr el control de la empresa, y que "expropiando a los otros accionistas no se llegaba al 51% [de las acciones]".
Esta aseveración es cierta. Incluso analizando en términos de costos y beneficios, si uno observa los gráficos de cómo se integraba el capital accionario de la empresa Repsol/YPF verá que el resto de los accionistas mantiene el 42,57% lo cual resulta insuficiente para lograr la voluntad societaria de la empresa. Ineludiblemente, si el objetivo de la acción del Estado era esté, las acciones de Repsol debían ser tocadas.

Quizás en el análisis político del oficialismo para tomar la medida se haya tenido en cuenta que involucrar a más actores podía significar abrir varios frentes contra varios damnificados (Petersen Energía SA, inversores de bolsa norteamericanos, etc.), con lo cual resultaba más conveniente -incluso por eventuales consecuencias judiciales- expropiar al accionista mayoritario, quien también resultaba ser el mayor responsable por los manejos de la empresa sobre los cuales -ahora- la administración Kirchner presentaba su disconformidad.
Lo cierto es que la gestión de YPF por parte de Repsol es criticable quizás desde sus inicios, no desde las últimas horas, aunque es dudoso pensar también que esta decisión del Ejecutivo Nacional fuera algo no improvisado de último momento.
Por otro lado, el modelo de la nueva gestión de YPF sigue la línea marcada por otras nacionalizaciones, como ser el caso de la ex Aguas Argentinas SA, hoy AySA: el de la sociedad anónima con control mayoritario del Estado y no el clásico modelo de la "estatización" que significaba convertir a la empresa privada en una empresa pública, del Estado propiamente dicha.
El tema ahora es prever las posibles acciones que vendrán expo facto.
Como decíamos en un posteo anterior -y más allá de las declaraciones estridentes-, España deberá actuar mediante la protección diplomática, esto es negociaciones Estado-Estado para que la medida se evite (cosa que ya no ocurrirá) o para que se observen los procedimientos adecuados respecto de la situación en curso (que en este caso sería que, por ejemplo, el proceso de la tasación por el Tribunal de Tasaciones argentino sobre el valor de la empresa para la indemnización correspondiente por la expropiación, se realice en forma transparente, de buena fe y en virtud de los procedimientos establecidos en Argentina por la ley de expropiaciones local).
Posibles "represalias" -a nuestro entender- serían inapropiadas ya que provocarían una escalada diplomática inconducente para las relaciones entre ambos países y confundiría gravemente los intereses de España -y de todos los españoles- con los intereses de un particular determinado -la empresa transnacional Repsol-. No debe de sorprendernos, por ende, el respaldo de España a la empresa, al margen de cualquier invocación "patriótica", ya que es lo esperable y -además- lo que corresponde, pues España está en todo su derecho de hacerlo.

Párrafo aparte merecen las declaraciones del presidente del gobierno español Mariano Rajoy, quien cómodamente sentado desde el escenario del Foro Económico Mundial, esta vez en Puerto Vallarta (México) -aunque generalmente reunido en la axclusivísima ciudad de Davos (Suiza)- criticó públicamente la medida invocando la mentada "seguridad jurídica" ahora como un valor para proteger el bienestar de la gente.
Estas son declaraciones que, aún siendo consecuentes con la lógica ideológica que sostiene Rajoy, están principalmente dirigidas a proteger los intereses, no de la "gente" española, argentina, o de donde se trate, sino a proteger los intereses de empresas particulares -las transnacionales que invierten en el exterior- y en este caso de una en particular: la afectada Repsol.
Nadie percibe en Argentina un clima hostil ni una "oleada de expropiaciones a mansalva" (con lo cual el título de este posteo demuestra su ironía). La seguridad jurídica la da la situación macroeconómica local -del país que fuere-, de la cual en particular Repsol fue altamente beneficiada en estos últimos 13 años o más, en donde pasó de ser una mediana empresa de distribución de naftas a una de las 3 petroleras más grandes del mundo con pozos propios, crecimiento logrado principalmente por su extracciones en Argentina.
Nadie, ningún Estado, puede criticar abiertamente una medida soberana como la expropiación (siempre que se de en los márgenes de la ley que mencionamos antes) porque España también tiene el derecho de expropiar, como cualquier otro Estado. No se trata de un "ataque contra España" sino de asegurar el manejo de nuestros propios recursos energéticos, y en tal modo -y aunque las declaraciones oficiales vayan en contra- no resulta una afrenta al reino ni a los españoles.

Probado está que la seguridad jurídica debe ser proporcionada tanto para los empresarios como para los habitantes de un país, como para los trabajadores de dichas empresas, y cierto es que en demasiadas ocasiones se invoca dicha seguridad más de un lado que del de otros...
Las delcaraciones de Rajoy son, no obstante, medidas: les está hablando a otros empresarios siendo él el jefe de un Estado y ante otros pares de otras naciones. No puede ignorar, y por ende no lo hace, lo que puede o no puede hacer un país dentro de su potestad soberana.
Todo esto no quita que ya la empresa Repsol haya declarado que demandará a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por una suma cercana a los US$ 10.000 millones: el 1,40% del PIB de Argentina. Como decíamos anteriormente, un motivo principal sería la "discriminación" sufrida por la empresa española de capitales multinacionales al ser la única afectada por la expropiación.
Es momento de empezar a discutir, seriamente, qué hacer con el CIADI y más particularmente con los tratados de protección de inversiones (TBIs), no para "zafar" al Estado por expropiaciones futuras, sino en un sesudo estudio en donde se vean los verdaderos beneficios que dicho entramado jurídico otorga y sus verdaderos costos, de modo de, tomando en cuenta lo que sucede con países líderes en la región, evaluar la conveniencia de sus denuncias, de sus renegociaciones y de las condiciones para ello a fin de dar -y ahí sí- un verdadero marco regulatorio para las inversiones extranjeras, acordar cuales han de ser las garantías piso y lo que se requiere de ellas, y no un "seguro de salida" para los capitales foráneos.

Recientemente se nos citó en el diario Página/12 en una nota en la que se analizaban las posibles consecuencias jurídicas de una eventual reestatización de la empresa Repsol/YPF. En la misma nota la referencia directa era a las posibilidades de tres actores interesados a estas horas en tomar posibles "medidas" contra la Argentina frente a la situación de tomar tal decisión. Estos actores serían: a) la empresa transnacional española Repsol; b) el Reino de España; c) la Unión Europea (UE).
Lo primero a considerar es que un Estado -cualqueira- puede expropiar. Está dentro de sus potestades soberanas y dentro de su autoridad como Estado, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: 1) que el Estado efectúe el acto mediante la sanción de una ley que de inicio al proceso de expropiación, lo cual implica una participación activa en el esquema de separación de poderes y contrapesos institucionales, involucrando al Poder Legislativo en tal acto y evitando que el mismo sea por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.2) Que en tal ley se declare que el acto es de utilidad pública, esto es que la acción expropiatoria se realiza no de manera arbitraria ni en perjuicio de un particular determinado sino en beneficio de la sociedad en general o para garantizar beneficios sociales (ejemplos: libertad de tránsito, bienestar social, empleo en situaciones particulares, etc).3) El pago de una indemnización al particular damnificado por la expropiación en monto y tiempo razonable, ya que significa la desapoderación del bien expropiado y la pérdida de la propiedad del mismo que pasa a manos del Estado (y solo del Estado) al momento de expropiar.
Tal acto de expropiación difiere -a nuestro entender- de lo que constituye una nacionalización. Deseamos hacer la diferencia de estos términos que comúnmente se toman como sinónimos pero que reflejan matices: mientras que la expropiación evidencia un acto compulsivo por parte del Estado para quitarle la propiedad sobre un bien a un particular por una utilidad pública, la nacionalización es el pase de la propiedad del bien mediante la compra en manos del Estado, el cual actúa de conformidad con el particular, que es quien vende voluntariamente el bien tranzado.
En los hechos pueden haber características distintivas que a veces vuelvan más difusa esta linea de diferencia o que alteran el espíritu de cualquiera de los supuestos referidos, pero ello hace al análisis coyuntural de cada caso.
Lo que en la última semana fue noticia de tapa en los principales diarios argentinos y españoles fue una eventual "expropiación" de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), encargada de la exploración y extracción de gas y petróleo en Argentina y que fuera privatizada en favor de capitales españoles (la empresa privada Repsol) no sin escándalos de corrupción y oposición mediante al momento de efectuarse en la década de 1990.
Este dato ya nos otorga varios supuestos que debemos aceptar para poder plantearnos un escenario para el análisis: a) la voluntad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de retomar la gestión de Repsol/YPF en manos estatales ("reestatización"); b) que de lo que se trata es de una expropiación por parte del Estado argentino y no de una nacionalización (supuesto en principio confirmado por un aparente proyecto de ley al efecto que estaría siendo analizado a estas horas por los diputados oficialistas en el Congreso Nacional).
La pregunta que cabe es si existen posibles mecanismos de actores interesados en la cuestión para impedir dicho acto o de actuar en consecuencia del mismo. Y depende de quien se trate la respuesta puede ser afirmativa o negativa.
Para el caso de la Unión Europea la respuesta parece negativa. No existen, al momento, mecanismos que otorguen una potestad jurídica real para un bloque regional como la UE más allá de la presión política para intentar impedir el acto.
Para el Reino de España la respuesta es afirmativa en tanto puede actuar dentro del marco de la protección diplomática. Ello implica mecanismos de negociación bilaterales (Estado-Estado) que España tiene habilitados para intentar proteger a nacionales -sean personas físicas como jurídicas- en el extranjero. Tal sería el caso de una empresa transnacional de capitales españoles actuando como inversionista en Argentina.
La protección diplomática es un instituto del derecho internacional de muy larga data. Se requieren requisitos mínimos demostrables para entender que un Estado puede salir a "socorrer" a una persona que se halla bajo la jurisdicción de un Estado extranjero, y ellas son: el vínculo de nacionalidad (que la persona a socorrer tenga la nacionalidad efectiva del Estado que va a socorrerlo -en este caso que Repsol sea una empresa de nacionalidad española para que sea España la que intente protegerla-); el agotamiento de los recursos internos del Estado huésped de la persona a socorrer (que halla completado todas las instancias judiciales o que, por negligencia, demora, o culpabilidad del Estado huésped se vea imposibilitado de acabar con dichas instancias); y -en algunos casos- el requisito de "manos limpias" (clean hands) por cuanto el particular no debe ser responsable de la situación en la que se ha metido y que es objeto de la acción del Estado que lo alberga.
Cuando todo esto se da, el Estado de donde el particular es nacional puede ir al socorro de dicha persona, no importa si se tratare de una persona física o de una empresa en el exterior. El énfasis en la palabra "puede" está dado en que la materia de la protección diplomática está regulado por la legislación interna de cada Estado en el mundo. En el caso argentino, obedece al principio internacional mínimo: se trata de un derecho del Estado -no del particular- que decide salir a socorrer a un nacional en apuros. En el caso de un país como España, su Constitución Política la impone la obligación de actuar cuando corresponda la protección diplomática. Siendo así, España no puede actuar sino debe.
La protección diplomática se basa, como decíamos, en negociaciones Estado-Estado y solo en casos de excepción, en donde no se ha llegado a acuerdo alguno respecto de la situación de la persona objeto de la protección, puede accionarse ante cortes internacionales, siendo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las más frecuentada en estos ejemplos. Pero en todo caso, el particular no participa de las negociaciones sino que es objeto de las mismas.
Absolutamente distinto es en el caso de entablar una denuncia ante tribunales arbitrales -medida que podría iniciar la empresa Repsol-, como es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial y encargado en formar tribunales arbitrales para dirimir conflictos entre inversionistas particulares y los Estados huéspedes de dichas inversiones.
Para este último caso se requiere que el Estado huésped sea miembro del CIADI y haya ratificado el Convenio de Washington de 1966 constitutivo de dicho organismo (Argentina es miembro desde 1994), y también que exista en vigor un tratado bilateral de protección de inversiones (TBI) firmado entre el Estado huésped y el Estado de donde el inversionista es nacional. En este caso existe un TBI Argentina-España firmado por ambos países en 1992 y que habilitan a los inversionistas españoles en Argentina a demandar al Estado nacional, así como a los inversionistas argentinos a hacer lo propio con el Estado español.
Este TBI es el andamiaje jurídico que ampara este tipo de reclamos: de particulares contra Estados y ante tribunales arbitrales internacionales. De lo contrario, el particular (la empresa) debería acudir ante los tribunales domésticos argentinos y plantear su demanda allí, en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
El CIADI fue constituido en 1966 con la intención de colocar en pie de igualdad a inversores extranjeros y Estados que los albergaban con el fin de evitar arbitrariedades por parte de estos últimos contra los primeros. Pero el contexto de los ´60 es harto distinto del de la actualidad, en donde empresas transnacionales ocupan un lugar central dentro de las relaciones económicas internacionales, aunque en los jurídico sean todavía los Estados los que conservan un rol de privilegio en la arena internacional, incluso en la globalización. Para muestra de ello vale observar la cantidad de TBIs habida en los ´60, con 72 tratados en total, con la existente en la década del año 2000, con cerca de 2.750 firmados en todo el mundo. Nótese que el salto más grande se da en los ´90, cuando proliferó la firma de este tipo de acuerdos a instancias del llamado Consenso de Washington que propugnaba por la liberalización del comercio, el apoyo irrestricto al capital privado y la apertura indiscriminada de las economías nacionales.
Precisamente fueron el incentivo y la atracción para las inversiones extranjeras los motivos supuestos con los que Argentina se alistó a la cabeza de la firma de TBIs en todo el mundo. Son hoy 58 tratados en total, todos ellos firmados entre 1992 y 2002 y ninguno de ellos denunciado hasta la fecha, por lo que el esquema neoliberal en este sentido continúa intacto.
Este récord contrasta con otros ejemplos como el de nuestro socio regional: Brasil no posee ningún TBI vigente y ni siquiera es país miembro del CIADI.
Un informe de 2009 de la UNCTAD sobre los acuerdos internacionales de inversión y su rol en cuanto a la atracción de inversiones extranjeras directas hacia los países en desarrollo establece que no existen pruebas fehacientes de una relación directa entre TBIs y llegada de inversiones del exterior. La UNCTAD divide a los acuerdos internacionales de inversiones (AII) en dos tipos: acuerdos de inversión y comercio preferencial (AICP) consistentes en acuerdos de cooperación económica y los mentados tratados bilaterales de inversión (TBI) consistentes en otorgar protección jurídica a capitales extranjeros y que contempla básicamente casos contra expropiaciones o "medidas equivalentes a expropiación", actos que fuesen "discriminatorios" contra la inversión extranjera y que operan, por lo general, acudiendo al CIADI como organismo para dirimir dichas diferencias. Se trata, pues, del "combustible jurídico" del CIADI como sistema de solución de controversias.
Según este informe de la UNCTAD, "los AII pueden influir en la decisión de una empresa sobre dónde invertir, y que esa influencia suele ser más importante en el caso de los AICP que en el de los TBI." "Los estudios coinciden en que las variables relacionadas con el tamaño del mercado de los países receptores siguen siendo el factor dominante en las corrientes de IED hacia esos países (...) [y] no hay y no puede haber una única relación causal entre la conclusión de un AII y las corrientes de IED." Para la UNCTAD "[l]os AII por sí solos no resultan suficientes" para atraer una inversión, siendo los factores macroeconómicos los más importantes para ello.
La aseveración sobre el poder de los TBIs para garantizar la atracción de inversiones del exterior no surge de datos contundentes y el caso argentino puede ser muestra de ello: las inversiones que Argentina recibió a principios de los ´90 ocurrieron por el contexto de privatizaciones y no por la firma de estos tratados.
Pero sí es necesario reconocer que estos acuerdos internacionales han resultado importantes para garantizar ciertos niveles de rentas a las empresas inversoras en casos de negocios malogrados. Casos como el de "Aguas del Tunari c/ Bolivia" (2000) en la que la norteamericana Bechtel demandó al Estado boliviano por la ruptura de la concesión privatizada del departamento de El Alto, donde se encuentra la ciudad de Cochabamba, son ejemplos de lo dicho. La empresa, beneficiada por un contrato de concesión inédito por 40 años, decidió elevar el precio del agua un 200% a poco de recibida la concesión (septiembre 1999) y sin mediar inversión alguna. El pueblo de Cochabamba, carente de recursos para afrontar el pago de un bien insustituible para la vida como es el agua potable, se rebeló y desencadenó lo que hoy se conoce como "la guerra del agua" de Cochabamba (enero/abril de 2000). No obstante ello, la empresa no se echó trás y demandó a Bolivia ante el CIADI reclamando por el incumplimiento por parte del Estado del TBI firmado entre Bolivia y Holanda (país en donde se hallaba la empresa intermediaria entre la filial boliviana -Aguas del Tunari- y la capitalista mayoritaria -Bechtel- de EEUU). El CIADI conformó un tribunal arbitral que falló en favor de la empresa en un laudo polémico, haciendo lugar a la reclamación por US$ 50 millones. Esto causó el inmediato descontento popular, que obligó al presidente nacional boliviano a dimitir luego de una fuerte represión policial. Ante el escándalo público, la diferencia por US$ 50 millones acabó por resolverse en un acuerdo simbólico entre el Estado y la empresa por... $ 2 bolivianos (equivalentes a US$ 0,29 centavos).
La definición que los TBIs dan de lo que es una inversión es amplísima, lo cual también amplía su competencia en cuanto a la recepción de casos planteados. De igual modo resulta la extensión de la interpretación de los árbitros en los laudos, las cuales resultan generalmente afines a los intereses privados (aunque quizás en los últimos tiempos esta tendencia pueda verse matizada). De más está decir que la resolución de estas disputas ante el CIADI demoran unos cuantos años, con lo cual ya desde el propio empresariado transnacional ha comenzado a reveerse la conveniencia de acudir a estos mecanismos ante el primer problema con sus negocios en el exterior. Así parece demostrarlo la dirigencia de la propia Repsol, que junto con el Estado argentino parece que han decidido bajar el perfil a la discusión en estas últimas horas.
Es que el nivel de rentabilidad de la pretolera española en Argentina no es nada desdeñable: en 2012 calculan que será la más rentable de las 20 petroleras más grandes del mundo, con un 7% de rentabilidad por dividendo, un máximo inédito en la compañía frente al resto del sector, que operan con un 3% de rentabilidad promedio, que incluyen a gigantes como las norteamericanas Exxon (2,35%) y Chevron (3,24%).
La mencionada situación jurídica de fondo hace que los Estados hallen reducido su margen de maniobra para la regulación de los sectores público privatizados, por ejemplo, so pena de ser demandados ante tribunales arbitrales internacionales. Algunos juristas ya definen a esta situación como un "enfriamiento regulatorio" ocasionado por el sistema de inversiones.
Pero los Estados también deben asumir su propia responsabilidad, pues han sido demasiado permisivos en cuanto a la "desregulación" del capital privado encargado de la gestión de lo público, otorgando derechos que en muchos casos ahora se ven como adquiridos y cuya regulación responsable incluso es sentida como un cercenamiento a la propiedad. Lo que imperó al momento de la firma de estos convenios no fue la razonabilidad de asumir obligaciones internacionales afines a los principios de derechos público, el respeto a los derechos humanos (que también son obligaciones del Estado), sino la aceptación acrítica de una dogmática económica (y por qué no también jurídica) neoliberal en donde el oro prometido distó mucho de los "brillantes resultados".
El desandar de estos mecanismos es complejo, mas no imposible. Todos estos TBIs, así como el Convenio del CIADI, pueden ser denunciados (Bolivia, Ecuador y recientemente Venezuela se han retirado del organismo, así como Brasil o Rusia no son miembros del mismo). Las inversiones pueden verse atraídas por condiciones mucho más concretas y empíricas como la estabilidad macroeconómica, el crecimiento del mercado, sectores de la producción tentadores para la realización de negocios, y una clase empresarial local que apueste a ser socia por beneficios a largo plazo y con niveles de rentabilidad estables. Esas condiciones, mas que acuerdos jurídicos permisivos que intentan atar niveles a una alta rentabilidad deseada a plazos cortos y escasos niveles de inversión, son las que otorgan un marco de estabilidad atractivo para la inversión privada, sea del país que fuere.

Lo que sigue es una noticia de la agencia Reuters:
GINEBRA (Reuters) - Argentina fue objeto de un aluvión de críticas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado viernes, donde los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros 10 países la acusaron de atar las importaciones a su burocracia.
El gobierno de centro-izquierda de Argentina ha impuesto una serie de restricciones a veces poco ortodozas a la importación en los últimos años en su lucha para proteger la industria local y su superávit comercial, que se contrajo 11% en 2011 a US$ 10,4 mil millones.

A partir del 1 de febrero, la administración de la presidenta Cristina Fernández impuso un nuevo sistema de pre-aprobación o rechazo para casi todas las compras provenientes del extranjero.
"Parece que este nuevo sistema está funcionando como una restricción de facto del régimen de importaciones en todos los productos", dijo el embajador de EEUU ante la OMC, Michael Punke, según una transcripción proporcionada a Reuters por uno de los miembros de su delegación.
Los críticos describen a dicha política como "reñida con todo miembro de la OMC" y "sobre todo preocupante" porque limitan las posibilidades que potencian el crecimiento para el comercio. Y exigieron que Argentina tome medidas inmediatas para revertir sus políticas a riesgo de mayores acciones legales dentro de la OMC.
Argentina también ha estado presionando a los importadores para que coincidan sus compras en el exterior con su nivel de exportaciones, dando lugar a ofertas extravagantes como que un fabricante de automóviles BMW exporte arroz para compensar cuentas.
Una declaración conjunta en la OMC dada el día viernes dijo que los funcionarios del gobierno al parecer fueron utilizando tácticas para dar el brazo a torcer y hacer cumplir tales condiciones - una queja frecuente de las empresas locales dentro de la tercera economía más grande de América Latina.
"Muchas empresas han informado que reciben llamadas telefónicas de funcionarios del gobierno argentino en el que se les informa que deben ponerse de acuerdo para llevar a cabo estos compromisos de equilibrio del comercio antes de recibir la autorización para la importación de mercancías", dijo Punke en la declaración conjunta.
De acuerdo con la agenda de la reunión, la declaración fue respaldada por Australia, Canadá, Costa Rica, Israel, Japón Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taiwán, Tailandia, y Turquía, así como la Unión Europea y Estados Unidos.
Los fabricantes de automóviles exportando aceite de oliva
Punke dijo que el sitio web del Ministerio de Industria estuvo repleto de comunicados de prensa sobre arreglos de nivelación del comercio, incluyendo autopartes, vnos de exportación, aceite de oliva y harina de soja.
"La Argentina puede afirmar que las empresas entran en estos acuerdos de forma voluntaria, pero muchos de los diputados que apoyan esta declaración comparten inquietudes de que puedan operar de otro modo", dijo.
Guillermo Moreno, secretario nacional de comercio de Argentina y el máximo ejecutor de las políticas intervencionistas del gobierno en los últimos años, ha tenido un papel clave en la vigilancia de las restricciones a las importaciones.
Se lo conoce en el país sudamericano por poner una fuerte presión sobre las empresas para mantener los presios y amenazar con multas e incluso con penas de cárcel a los economistas que los verifican y que ponen la inflación a más del doble de la tasa oficial.
El gobierno de Fernández dice que sus controvertidas políticas comerciales son necesarias para mantener el trabajo de los argentinos. "Esta es una política que ayuda a todos los argentinos. Cuando nos preocupamos por ciertos productos que cruzan la frontera, es porque estamos buscando posteriores trabajos", dijo el vicepresidente, Amado Boudou.
Las duras críticas que fueron dadas el viernes en la OMC se produjeron a menos de una semana después de que Washington anunciara la suspensión de beneficios comerciales para Argentina, a raíz de no haber pagado indemnizaciones en dos demandas con inversores estadounidenses.
Eso fue visto como parte de un esfuerzo mayor de los EEUU para presionar a Argentina para pagar las deudas y otras obligaciones a una década de que dicho país realizara el mayor default de deuda soberana en la historia.
Un diplomático argentino con conocimiento de la situación dijo que la denuncia al Consejo de la OMC para el comercio de mercancías fue un paso inusual impulsado por los Estados Unidos y la Unión Europea: "Yo no recuerdo haber visto nunca nada como esto en la OMC. Es un procedimiento muy inusual", dijo el diplomático, que pidió no ser identificado. --

Difundimos aquí una interesante actividad sobre filosofía del derecho a llevarse a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Todos los 22 de marzo se celebra el día mundial del agua. El 22 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU resolvió declarar a todos los 22 de marzo como el día internacional del agua con el objetivo de concientizar sobre el cuidado de este elemento vital para los seres humanos y demás especies que habitamos el planeta.
Bajo el lema "El mundo tiene sed porque tenemos hambre", este 22/03/2012 se relacionará al agua con el tema de la seguridad alimentaria con el fin de enfocar lo importante que es el agua dulce para el cultivo de alimentos necesarios para el ser humano.
Hoy 7.000 millones es el número de personas que hay que alimentar en todo el planeta. Esa es la totalidad de la población y para ello se requieren cuantiosas cantidades de agua dulce. Y el agua es un recurso renovable, pero finito y cada vez más escaso. Y las previsiones es que para el año 2050 habrán unos 2.000 millones más de personas en el mundo.

Según la FAO, la mayor parte del agua que consumimos está incorporada en los alimentos que comemos. A esta relación entre la cantidad necesaria de agua para la producción de otro objeto (sea comida como un bien industrial, por ejemplo) es lo que se denomina "agua virtual". Gracias a esta relación sabemos hoy, por ejemplo, que 1kg de carne vacuna equivale a 15.000 lts. de agua dulce, y 1kg de trigo son 1.500 lts. de agua. Y con ello, las relaciones equivalente no tienen fin...

El tema es preocupante en el mediano/largo plazo, pero para muchas personas es un problema de hoy: actualmente el 3% de la población mundial "vive" sin agua. Sin nada de agua. Y un 5% sufre de escasez de agua.
Pero cuando hablamos en términos cuantitativos, el decir que cada persona dispone de aproximadamente 1.500 lts. de agua por día no suena demasiado alarmante. El tema es que el consumo personal doméstico del agua equivale a solamente el 8% del consumo total. La agricultura se lleva el 70% del consumo, mientras que la industria consume el 22% del recurso natural. Y si volvemos al tema del agua virtual veremos que todo lo que utilizamos consume agua, por ende las cifras se multiplican mucho más allá de las simples previsiones de cuánta agua consume uno individualmente al ducharse, por ejemplo.
La relación existente entre el modelo productivo y de consumo es alarmante y nos pone en jaque frente a una realidad: producimos y consumimos mucho más de lo que necesitamos. Nosotros somos los principales predadores del planeta y los simples actos individuales (no dejar el grifo abierto, no despilfarrar agua, reparar nuestros baños para evitar el derroche de agua, etc.), por más altruistas y morales que sean, no parecen lograr cambios sustanciales en una tendencia que cada día se confirma con mayor dureza: que en no mucho tiempo no habrá planeta suficiente como para que todos podamos vivir en él.
El tema del agua potable bien puede considerarse como parte del desarrollo progresivo del derecho internacional. Tangamos en cuenta que recién en el año 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento fue considerado un derecho humano básico por las Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU lo consagró en la Resolución Nro. 64/292 del 28 de julio de ese año, y que luego seria apuntalada por la Resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 6 de octubre de ese mismo año.
Antes del 2010 el acceso a una vivienda, a una alimentación sana, a un nivel de vida adecuado, a una salud básica eran todos derechos humanos reconocidos y que entendían que, para lograrse, debían llevar intrínsecamente algo esencial como era el que cada persona pudiera acceder a un monto mínimo indispensable de agua dulce de una fuente segura para su consumo e higiene personal. Tengamos en cuenta que el acceso o no al agua tiene también mucho que ver con los niveles de pobreza, el desarrollo humano, la salud, un estándar de vida digno y otros aspectos que hacen a la condición de dignidad de cualquier ser humano.
Hoy hablar de agua es tan importante como hablar de educación, salud, seguridad, energía, y tantos otros temas que ya ocupan lugares centrales en la agenda social.
En este sentido, las campañas de concientización de estos problemas son siempre necesarias. No por una falsa moral, sino porque realmente tenemos que generar un nivel de involucramiento tal por parte de la sociedad que sea capaz de provocar grandes cambios, no solo individuales sino además globales. No solo cambios personales, sino institucionales. Cambios a nivel micro y a nivel macro.
Valía la pena recordarlo hoy, en el día mundial del agua.

Hemos actualizado el power point sobre la historia de las fronteras argentinas y de los conflictos limítrofes de nuestro país. Aquí lo ponemos a disposición.
Historia de las fronteras argentinas View more PowerPoint from Javier Echaide

Recientemente inauguramos una página en facebook cuyo auspicio puede observarse desde hace un par de semanas en la columna de la derecha de este blog. La idea de este "doble contacto" (blog + facebook) es servir de manera complementaria sobre información de la agenda internacional, compartir noticias y recursos de manera quizás más dinámica de la que puede hacerse mediante un blog, en donde intentamos escribir notas, columnas de opinión o generar contenidos para que luego sean compartidos o leídos por quienes nos visitan. El simple hecho de compartir un video diariamente quizás resulte saturador de un sitio como este, motivo por el cual optamos por la página en facebook para este tipo de mecanismos.

El "bautismo de fuego" de este doble canal de diálogo con nuestros lectores han sido los dos foros mundiales del agua que se realizaron en la ciudad francesa de Marsella. Marsella es un símbolo al hablar de abastecimiento de agua potable: fue una de las primeras ciudades del viejo Reino de Francia en contar con fuentes y con un servicio de distribución general de agua. También Francia es hoy un país importante para la realización de este tipo de eventos: las principales empresas privadas del sector de agua potable y saneamiento a nivel global son 3 transnacionales francesas (Suez, Vivendi Universal, Veolia), seguidas por un segundo pelotón de transnacionales de origen variado (RWE -alemana-, Saur -francesa-, Bechtel -estadounidense-, Thames Waters -británica-). Esto convierte a Francia ciertamente en una suerte de "potencia mundial" en el desarrollo de empresas privadas abocadas al sector.
Esta semana se inició el 6to Foro Mundial del Agua (el foro "oficial") organizado por el Consejo Mundial del Agua: una ONG organizada y auspiciada por el Banco Mundial con la participación de la ONU y de empresas del sector privado de distribución de agua potable y saneamiento y que funciona desde 1996 hasta la fecha.
Este foro es el encuentro más importante a nivel mundial sobre discusiones en cuanto al sector y cuenta con participaciones oficiales de los gobiernos, de empresas del sector privados, de fundaciones y otras organizaciones de la sociedad civil así como de organismos internacionales como las instituciones financieras y organismos de crédito. La idea de los Foros Mundiales del Agua es la de discutir y servir como "usina de pensamiento" (think tank) de posibles salidas a problemáticas dentro del sector del agua potable y saneamiento. Este año la convocatoria giró en torno al lema "es tiempo de soluciones" haciendo explícita referencia a la denominada "crisis del agua".
Auí agregamos algunos videos de la página oficial del 6to Foro Mundial del Agua, que linkeamos al título de esta entrada.



Sin embargo, el Foro Mundial del Agua no ha sido el único evento de convocatoria mundial: paralelamente se inauguró el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME) convocado por organizaciones independientes de la sociedad civil y movimientos sociales interesados en las problemáticas en torno al agua. El mismo también contó con presencia de organizaciones sociales, intelectuales y representantes de algunos gobiernos que acercaron propuestas por fuera del ámbito del foro oficial. Esto se da a raíz de las críticas que lleva el foro organizado por el Banco Mundial por cuanto se lo acusa de ser un think tank pro-privatización del servicio de agua potable y saneamiento especialmente interesado en tomar parte en favor de los intereses económicos del sector privado, que también organiza el foro.
En el foro alternativo se han visto diversidad de propuestas, muchas de las cuales hemos compartidas por nuestro facebook. Empero, aquí agregamos una en particular dada por un participante argentino en el FAME: una propuesta de formación de un Tribunal Permanente que juzgue los delitos ambientales, y entre ellos los referidos al sector de agua potable y saneamiento.

También el FAME, en su carácter de "alternativo", ha sido lugar para la difusión de campañas exitosas como el resultado del referéndum en Italia que impidió la privatización del servicio, o campañas como las que existen hoy en España en materia similar. Para todas ellas, casos fallidos de gestión como el de Aguas Argentinas son experiencias a considerar.

Matteo Guainazzi - Financiarización de los Servicios y de los Recursos Naturales from ATTAC.TV on Vimeo.

El debate sobre la mercantilización del agua potable posee altísima vigencia no solo en Latinoamérica sino que también ha llegado a los lugares matrices de las principales empresas del sector, tanto en Europa como en América del Norte. Máxime cuando a partir de 2010 las Naciones Unidas finalmente reconocieron al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano básico, con las posibles consecuencias que ello debería acarrear en cuanto al necesario entrecruzamiento jurídico -no sin debate, claro- entre el derecho internacional de protección de inversiones extranjeras en terceros países con el derecho internacional de los derechos humanos.

Recientemente 17 intelectuales argentinos de prestigio -entre ellos la filósofa Beatríz Sarlo, los periodistas Pepe Eliaschev, Jorge Lanatta y Gustavo Noriega, los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Roberto Gargarella, entre otros- publicaron un documento titulado "Malvinas: una visión alternativa". Este documento surge en respuesta a la posición oficial del gobierno argentino sobre el reclamo de soberanía territorial argentina sobre las Islas Malvinas y se presente como "alternativo" a dicha posición, pero también se presenta a poco de cumplirse el 30° aniversario de la Guerra del Atlántico Sur por el dominio de los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, conflicto bélico que duró 74 días y en la que murieron más de 1.000 soldados argentinos y británicos.
El documento relativiza la importancia del tema Malvinas en la agenda de la política exterior nacional, así como la estrategia llevada a cabo, no por el gobierno (actual, se entiende) como dice el documento, sino por el Estado Argentino, ya que la posición del reclamo de soberanía territorial sobre estas islas ha trascendido a gobiernos, inclusive de distinto color político. Al mismo tiempo, intenta mostrar cuan alejada se encuentra la problemática de Malvinas respecto de los problemas cotidianos y de mayor gravedad para los argentinos, enmarcando la discusión en un "clima de agitación nacionalista" proveniente de ambos gobiernos: del argentino y del británico y que ya hemos analizado en este espacio con anterioridad.
Su propuesta es hacer un llamado a la configuración de una estrategia que concilie los intereses argentinos -que califica como legítimos- con "el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país" (sic). Y desde allí expresa una serie de apreciaciones conceptuales que resultan preocupantes en cuanto a que se basan sobre serios errores de índole jurídica y que conllevan a conclusiones políticas muy alejadas de lo que podrían ser "interpretaciones" u "opiniones alternativas" para arribar a posicionamientos políticos desafortunados.
Primero: el principio internacional de la autodeterminación de los pueblos no fundó este país. Este país (Argentina) se fundó a partir de la emancipación que fuera consecuente de la insurrección a un régimen colonial. Por ende -y en el terreno de las opiniones aún- el principio que fundó a este país (como a muchos otros, incluyendo algunos europeos como Francia) fue el de la insurrección frente al antiguo régimen: el principio de rebelión frente a la opresión, lo cual no funda solamente al país argentino sino al liberalismo como marco teórico aplicable a todos los regímenes republicanos que derrocaron a los absolutismos monárquicos de antaño. Por ende, dista mucho la realidad fundacional argentina de la realidad que viven los malvinenses (kelpers): mientras las Provincias Unidas del Río de la Plata se alzaban contra la monarquía que los gobernaba, los habitantes de las Malvinas optan hoy por lo contrario. Se trata, no de situaciones análogas, sino precisamente de situaciones diametralmente diferentes.
Segundo: el principio de la autodeterminación de los pueblos invocado en el documento se refiere al principio internacional reconocido en 1960 por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU. Este principio corresponde a nuestro actual ordenamiento en el Derecho Internacional (vigente desde 1945) y que distaba leguas del existente en 1810.
Difícilmente pueda reconocerse a la autodeterminación como un principio atemporal más allá del terreno de lo moral, si se quiere. Constituye un grave error entender que la autodeterminación ha sido siempre un principio reconocido por la comunidad internacional. No ha sido así. Podemos coincidir en que esto ha sido un gran avance en el desarrollo progresivo del derecho internacional, pero de hecho, este principio -por más básico que se lo entienda- no estuvo incorporado siquiera en 1945 cuando se celebró la Carta de San Francisco que inauguró a las Naciones Unidas. Los principios que la ONU reconoció como fundacionales están dentro del art. 2 de la Carta y entre ellos figura el principio de igualdad soberana de los Estados, mas no el de autodeterminación de los pueblos. Éste fue incorporado recién en 1960 como un triunfo de los movimientos de liberación nacional de las colonias del Tercer Mundo y motivó la independencia de todo el continente africano y la mitad del asiático.
Tercero: el principio de la libre determinación de los pueblos no puede aplicarse para el caso de Malvinas ya que es un caso excepcional de descolonización que así ha sido reconocido por el propio Comité de Descolonización de la Asamblea General de la ONU. Los casos atendidos dentro de estas excepciones han sido solo dos: Malvinas y Gibraltar. En ambos el Comité analizó el carácter de excepción a este principio puesto que las poblaciones existentes en ambos lugares no se tratan de poblaciones autóctonas sino de poblaciones implantadas. La aplicación de la autodeterminación en estos dos casos, de hacerse no obstante esta característica, tergiversaría el principio reconocido en la Resolución 1514 de AG-ONU.
Cuarto: párrafo aparte merece el concepto de pretendida "negación" que atribuye el documento a los malvinenses como sujetos de derecho. El documento no explicita a qué se refiere cuando menciona que "los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujetos de derecho". ¿A qué tipo de Derecho se refiere: al argentino, al británico o al internacional? No es menor la pregunta puesto que muestra un nuevo error en cuanto a la apreciación del concepto de "sujeto de derecho" en cuanto a un conflicto de soberanía territorial.
Tanto Argentina como Gran Bretaña no niegan los derechos y obligaciones que merece cualquier ciudadano y/o habitante de sus respectivos territorios. Argentina, en su caso, otorgaría los derechos plenos que posee cualquier habitante y cualquier ciudadano de la nación, mientras que Gran Bretaña ya otorga un estatuto especial para la situación de los kelpers en su calidad de colonia británica. Tales han sido las dos constituciones celebradas en 1985 (y como consecuencia política local de la guerra) y en 2008 y que fueran ambas unilateralmente firmadas por Su Majestad Británica la Reina Isabel II de la casa de los Windsor. Ergo, es difícil encontrar por qué habría de "negarse" los derechos de los malvinenses como sujetos de derecho (interno) tanto por Argentina como por Gran Bretaña.
Quizás la referencia es en cuanto al derecho internacional, pero no cabe la aplicación de calidad sujeto de derecho en este caso por los motivos expuestos en el punto anterior, a los que se suma la dificultad de la calidad de sujeto dentro del Derecho Internacional en referencia a "los pueblos", ya que dentro de esta rama jurídica sujeto es aquel ente capaz de adquirir derecho y contraer obligaciones de carácter internacional y con plena capacidad procesal para hacer vale tales derechos y obligaciones en el plano internacional. Por esta última cuestión (la capacidad procesal activa), entes como el individuo, la humanidad, o los pueblos no están reconocidos como sujetos del derecho internacional, al menos no en una forma plena.
Sí en cambio son sujetos del derecho internacional: los Estados, las organizaciones internacionales e incluso las comunidades beligerantes reconocidas como tales por la comunidad internacional, categoría que tampoco es aplicable al caso de los habitantes de Malvinas puesto que no se han alzado en rebelión contra su opresión colonial ni pretenden un estatus jurídico independiente de la corona británica.
Es cierto que no debe legitimarse lo ilegal del accionar argentino en cuanto a haber recurrido al uso de la fuerza de manera unilateral, violando así la Resolución 2065 (XX) de 1965 de la Asamblea General de la ONU y el derecho internacional en la materia (Cap. VII de la Carta ONU, entre otras normas positivas y consuetudinarias). Pero la conquista no otorga derechos, y así como el acto perpetrado por Argentina en 1982 de invasión de las islas, tampoco lo da el acto de desposesión y ocupación que realizó Gran Bretaña en 1833 y que es invocado por la Corona como reivindicación de su soberanía en las islas.
En dicha resolución, la ONU claramente califica la presencia británica en las islas como un caso de colonialismo, y a lo que llama es a que las partes (Argentina y Gran Bretaña) prosigan "sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales [alias "Comité de Descolonización"] a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands);".
Lo que propone la resolución es poner fin al conflicto de soberanía mediante una salida negociada entre Argentina y Gran Bretaña dentro del Comité de Descolonización, no negociar la soberanía (que bien remarca la carta que analizamos que sería una contradicción en términos "negociar lo innegociable"). En su carácter, puede verse que la propuesta de la ONU no incorpora a los kelpers dentro de las negociaciones -puesto que habla de Argentina y Gran Bretaña como "las partes" -, pero sí aclara que sean considerados sus intereses, aunque no sus deseos. La justicia no es plebiscitable y la aplicación o no de las normas del derecho internacional no pueden depender de un referéndum. Algo así asimilaría el someter cada sentencia judicial a la voluntad de un auditorio, de los testigos, o mismo, del condenado.
Quinto: los firmantes confunden dos principios centrales en esta discusión y que conducen a consecuencias políticas totalmente diferentes. Una cosa es el principio de autodeterminación de los pueblos -que el documento invoca equívocamente como aquel en el que se basó nuestra construcción como nación- con el principio del uti possidetis iure, máxima latina invocada no solo por Argentina sino por todos los Estados latinoamericanos y que indica que "así como posees, poseerás". En efecto, el principio jurídico invocado por nuestro país (así como el resto de las naciones latinoamericanas) fue el de reclamo de la soberanía territorial sobre los dominios españoles a 1810 bajo el uti possidetis español en dicha fecha (salvo los países centroamericanos que invocan el uti possidetis a 1820). No se trata entonces de "abrir una caja de Pandora" el invocar este principio, sino de sostener aquel que implica que nuestro país esté asentado donde se encuentra.
Sexto: también se ha dejado otro principio jurídico de lado y es el de integridad territorial de los Estados (principio reconocido incluso por Gran Bretaña y que no es mencionado en el documento) y que justifica que el dominio territorial de un Estado es indisoluble, sin importar el tipo de gobierno que posea dicho Estado (unitario, federal o confederal). Caso contrario sería admitir la posibilidad que pasado mañana una provincia, parte de ella, o un barrio porteño decidiera separarse del territorio argentino invocando la voluntad de los vecinos, otorgarles a ellos la categoría de sujetos del derecho internacional y reconocerlos como una Nación independiente, soberana, un Estado con asiento en Naciones Unidas.
Por supuesto que no tenemos por qué pensar igual. De hecho, es saludable el debate sobre los grandes temas nacionales. Y este documento no hace más que demostrar -por más que la carta diga lo contrario- que Malvinas es uno de ellos y que merece nuestra atención. Podemos opinar en favor del reclamo argentino sobre las islas del Atlántico Sur, podemos opinar en favor de la entrega de estos territorios, podemos matizar las posiciones de una u otra opinión... En suma: podemos pensar libremente y es eso lo saludable del debate. Pero esta atención sobre las discusiones de importancia y este debate sincero deben hacerse sobre bases sólidas y una clara exposición argumental que seguramente excederá una extensión de página y media.
Todo esto no quita el reconocer las dificultades de los reclamos argentinos. La situación de hecho de no gobernar las islas es innegable y ello coloca al reclamo argentino en una precariedad que es de facto, pero no de iure.
Gran Bretaña nunca reconoció ni las bulas Inter Caetera (aunque en 1493 Inglaterra era una nación católica apostólica romana) ni el Tratado de Tordesillas (que en efecto no fuera firmado por la corona británica sino por la portuguesa y la española en 1494). Empero, tanto el dominio español como el británico hacia 1865 y 1867, respectivamente, eran solo sobre dos puertos en las islas y no sobre la totalidad de su territorio, lo cual muestra que la disputa de soberanía puede rastrearse hasta entonces.
Sin embargo, los británicos sostienen que en 1774 cuando abandonaron las islas colocaron una bandera británica y una placa de bronce que reclamaba que "Conste ante todas las naciones que la isla Falkland con su fuerte, depósito, muelles, (...) pertenecen a Su Muy Sagrada Majestad Jorge III, Rey de Gran Bretaña". Es evidente que ello demuestra el ánimus de poseer las islas, pero resulta también contradictorio con otro fuerte -el más fuerte si se quiere- argumento británico que es el de la posesión efectiva: si se sostiene que la posesión efectiva es la que otorga derechos, difícilmente podía demostrarse que Gran Bretaña tenía dicha posesión de manera efectiva simplemente con una placa luego de haber abandonado Port Egmont en 1774.
Otro argumento esgrimido que resulta complejo tanto para probar como para refutar es el de la prescripción adquisitiva (usucapión) mediante el cual el Reino Unido sostiene que los derechos argentinos han prescrito por la simple continuidad ininterrumpida de la posesión británica hasta 1982.
La complejidad de la cuestión no rebate los argumentos argentinos. Pero sí hace a una seria dificultad para avizorar una salida definitiva al conflicto. Es éste el tema, sin patrioterismos baratos -coincidimos- pero sin apreciaciones que desestimen temas como el control sobre los recursos naturales (en este caso de la zona en cuestión) como algo "fuera de agenda"...

Recientemente se ha reavivado un debate que, hasta el momento, no se se había tornado masivo en Argentina, pero que venía siendo cuestionado desde distintos sectores sociales y académicos respecto de la megaminería a cielo abierto como actividad económica.
En el actual debate que se está produciendo en nuestro país sobre este tema, deben aclararse algunas cuestiones como para poder separar la paja del trigo. Una de ellas es, por ejemplo, el momento en que este tema sale a la luz pública con este grado de masividad, cuando desde hace años sectores de la sociedad en pueblos de Catamarca, San Juan, La Rioja e incluso Córdoba se han venido manifestando en contra de esta actividad.
Como para quitar la ingenuidad al abordaje del tema, el primer dato a destacar es la pelea abierta entre los medios de comunicación y el gobierno nacional. Tanto los gobiernos provinciales de La Rioja como de Catamarca responden al oficialismo nacional, lo que motiva el momento por el cual se da este acercamiento al tema de la megaminería por parte de los medios de comunicación desde una mirada fuertemente crítica, pero no por su preocupación al ambiente sino por su encarnizado enfrentamiento con el oficialismo.
De hecho, el actual gobierno provincial de Catamarca asumió hace 2 meses y fue una de las muy pocas elecciones en donde la oposición local ganó las elecciones (el kirchnerismo era opositor en la provincia hasta las elecciones de 2011), lo cual puede explicar la "oportunidad, mérito y conveniencia" de la instalación del debate en este preciso momento, cuando las empresas que actúan en la Cordillera de los Andes lo hacen desde mediados de los ´90 (Alumbrera explota la mina desde hace 15 años, por ejemplo). Este contexto político que enturbia la situación no obsta los comentarios que siguen.
Otra cuestión es sobre el impacto ambiental de esta actividad económica. Y lo primero para decir es que cuando se menciona el concepto de "impacto ambiental" no debe hacerse referencia solamente a la contaminación, que es sólo una de las formas que se impacta negativamente al ambiente. El impacto ambiental también se da en torno a la modificación de los ecosistemas, el cambio de la geografía, la utilización de explosivos y los cimbros que ello causa, el despilfarro y sobreexplotación de los recursos naturales, su impacto sobre seres vivos, etc. El "impacto ambiental" significa la modificación sustancial y radical de el medio natural, en el entorno en donde el proyecto económico se halla y no simplemente que éste contamine, sino que es más amplio.
No es materia sólo de la contaminación. La voladura de una montaña completa significa alterar radicalmente el paisaje y la geografía del lugar. De esa geografía pueden depender los vientos y el régimen de lluvias de la zona, lo cual hace al tipo árido o no del suelo local, a sequías o inundaciones, a ráfagas de viento contraladas por las cadenas montañosas y que han estado decenas de miles de años allí. Dichos elementos configuran una flora y una fauna determinadas. Alterar en semejante manera la geografía local puede tener consecuencias gravísimas para las especies locales y para los habitantes de las ciudades lindantes. Interpretar, por ende, que el "impacto ambiental" significa solamente "contaminación con cianuro" es ignorar el resto de los posibles impactos que supone el -literalmente- volar toda una montaña por los aires.

Luego está el tema de la contaminación en sí misma. El proceso extractivo necesita ciertos elementos que permiten obtener el producto final. y aquí sí entra la cuestión que la producción minera puede o no emplear elementos altamente tóxicos como el cianuro. Depende del tipo de emprendimiento y del tipo de material que se desea extraer es que el cianuro es utilizado o no. Por ende, no es generalizable la definición que asimila a que toda minera a cielo abierto utiliza cianuro.
Pero el cianuro tampoco es el único material utilizable. Existen metales pesados también altamente tóxicos que, aún cuando probadamente no se utilice cianuro, también pueden ser usados en el proceso de extracción.
También hay formas de extracción que son mediante filtrado y que aparentemente no emplean sustancias tóxicas que permiten la separación de los minerales como cobre y oro de la roca. Pero su empleo no depende de la "voluntad de opción" por parte de la empresa minera de querer preservar o no el ambiente: dependerá del tipo de suelo en donde el proyecto se encuentre situado. Vale decir que queda librado a la naturaleza la posibilidad de poder contar con el empleo de formas de extracción no contaminantes. Si la naturaleza no acompaña el proyecto (algo que en sí es ridículo ya que debería ser al revés, pero en los hechos no resulta así), la empresa dudosamente se retire: de ser posible, utilizará formas de extracción con materiales químicos que sí contaminarán, como ocurre con jornadas habituales de esta actividad que utilizan unas 10 toneladas de cianuro diarias.
En los casos en que la actividad contaminase, ¿qué es lo que se contamina? Básicamente dos elementos: el aire y el agua. Algunos materiales tóxicos provocan emanaciones que vician el aire y puede afectar a poblaciones más o menos cercanas dependiendo de los vientos. Si tenemos en cuenta que los cerros y montañas serán volados, es probable que los vientos también se modifiquen, se tornen cada vez mayores, lo cual pueden transportar esos gases a mayores distancias afectando también a poblaciones no inmediatas a la zona directamente afectada.
No queda claro si en el caso específico de la mina Bajo la Alumbrera se utilice o no cianuro, ya que el proceso de extracción permite que pueda ser mediante filtrado y no mediante este tóxico. De todos modos, las declaraciones realizadas por la propia empresa en 1998 que reconocían que utilizaba 700 toneladas de cianuro por año en su proceso extractivo resultan -cuando menos- elocuentes.
Otros proyectos de megaminería, como el que pretendía hacerse en Famatina, sí tenía contemplado la utilización de cianuro (recordemos que el proyecto fue retirado por la empresa transnacional canadiense -Barrick Gold- a raíz de las protestas sociales). Pero el debate de la contaminación no se reduce solamente al cianuro, como se pretende sostener desde medios oficialistas.
En Córdoba, la explotación minera para la extracción de uranio utiliza millones de litros de agua diarios mezclada con ácido sulfúrico. Otros procesos extractivos también pueden utilizar tóxicos como el arsénico o el mercurio, aunque eso dependerá del tipo de mineral que desee extraerse (oro, plata, cobre, uranio, etc.) y del tipo de suelo en donde se encuentre.
A todo esto se suma la utlización y despilfarro de miles de toneladas diarios de agua dulce (se gastan 300.000 m3 de agua por día en una jornada habitual en esta actividad) que quedarán depositadas en los denominados "piletones o diques de cola" mezcladas con la piedra molida (y cuando no con el cianuro utilizado) quedando inutilizable y sin ningún tipo de tratamiento posterior. Ese agua depositada allí se va colando en el subsuelo mientras recibe más agua ya utilizada por la minera y cuando el dique de cola se satura, se fractura y toda esa agua va a parar a los ríos y acuíferos cercanos, de donde se extrae el agua para proveer a las poblaciones.
Este tema hace también al agotamiento de recursos no renovables en un contexto de crisis hídrica a nivel planetario. El derrochar tamaña cantidad de agua dulce en zonas que son áridas y en donde el agua resulta un elemento precioso, no solo por su escases sino además porque es fundamental para la vida, resulta algo alarmante y parece no preocupar demasiado a los medios oficiales centrados en desmentir simplemente el uso del cianuro en una sola minera: Alumbrera.
La modificación de la geografía también incluye a los cráteres que una mina a cielo abierto deja suelen tener cerca de 1km de profundidad por 5 o 6km de diámetro (imagínense un cráter del tamaño aproximado equivalente a la distancia que hay desde Puerto Madero al Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, y con 10 cuadras de profundidad, como para tener una idea...).
Otra distinción, no debidamente aclarada en las transmisiones televisivas y los debates radiales -en este caso del lado de los opositores-, es sobre la localización de los proyectos. Famatina y su cerro lindante quedan en La Rioja, mientras que la mina Bajo la Alumbrera (o Alumbrera) quedan cerca de Andalgalá, en Catamarca. Por su parte, la mina Pascua Lama es binacional y del lado argentino se encuentra en San Juan. La intención de no diferenciar los proyectos forma parte de la utilización mediática del tema. Son proyectos distintos, de empresas distintas, en localidades y provincias diferentes, y por ende con legislación diferente, lo cual complejiza la cuestión. A raíz de la reforma constitucional de 1994, los recursos mineros quedan reservados para la explotación o aprovechamiento de las provincias, con lo cual cada una de ellas regula jurídicamente la actividad minera dentro de cada territorio provincial.
Algunos proyectos mineros utilizan ciertos elementos tóxicos, otros no. Pero todos ellos dejan los cráteres que mencionamos, despilfarran millones de litros de agua como insumo y afectan de manera radical el entorno donde se encuentran. Esas con características de la práctica a cielo abierto de este tipo de minería.
Luego está la cuestión de la represión que se efectuó sobre los sectores sociales movilizados por la cuestión ambiental: organizaciones sociales y vecinos de Andalgalá. El argumento esgrimido de que son "solo el 2%" de los pobladores de la localidad es tan inválido como el decir que los 30.000 desaparecidos durante la Dictadura Militar fueron "solamente el 0,01%" de la población de la Argentina de entonces (de 30 millones). Resultan tan ninguneantes y soberbias estas críticas que no merecen mayores comentarios.

Otra cuestión -también indignante- que se ha permitido es el financiamiento por parte de estas empresas mineras de proyectos de investigación en organismo públicos, como el CONICET, que deberían garantizar una independencia de objetivos y de estudios sobre diversidad de cuestiones y actividades. Y es sabido de los condicionamientos que las fuentes de financiación suelen producir, por lo que este aparente "avance" de los intereses de este tipo de empresas en diversas actividades que pudieran "opacar" su presencia en estos lares no merece mucha confianza sobre la transparencia de los estudios de organismos científicos especializados y de los intereses de este tipo de emprendimientos.
Al margen quedan también los temas relacionados con el derecho internacional y que son absolutamente ignorados por todos los sectores. Esto tiene que ver con que los capitales que participan del negocio minero son capitales privados y extranjeros. Con alguna excepción pueden encontrarse empresas asociadas con capitales nacionales, pero el porcentaje resulta ser mayoritario de parte de empresas multinacionales extranjeras en casi todos los casos. La participación de capital transnacional en estas inversiones tiene conexión directa con el régimen de protección de inversiones que Argentina -así como otros países del mundo- abrazó durante la década de los ´90 y que aún hoy sigue en plena vigencia.
El caso particular argentino en materia de protección de inversiones es paradigmático y resulta de mucha mayor gravedad que del resto de los casos en el mundo, ya que Argentina es uno de los Estados que más tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones (TBIs) ha firmado en el mundo y que habilitan a que las empresas transnacionales puedan demandar internacionalmente al Estado Nacional ante tribunales arbitrales extranjeros en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es un organismo creado en 1966 y dependiente del Banco Mundial (BM).
Argentina es el país más demandado en el mundo ante el CIADI por empresas multinacionales. De hecho, el monto de las demandas equivalen al 6,5% de nuestro PIB y a casi 30 veces nuestro presupuesto en salud. A esto debemos sumarle que las reglas que se aplican en los arbitrajes ante el CIADI son bastante cuestionables así como la naturaleza de los tratados "recíprocos" de protección de inversiones, que no hacen más que hacernos acordar de aquellos viejos tratados que la Nación firmó con Inglaterra declarando recíprocamente la libre navegación en los ríos interiores, cuando la Argentina carecía de una flota mercante mientras que Gran Bretaña era la potencia comercial más importante del mundo con una flota acorde a lo que era una armada imperial...
Los TBIs operan de manera similar a aquellos tratados, otorgando protección a las inversiones argentinas en Canadá (virtualmente ninguna) así como a las canadienses en Argentina (casi todas las mineras poseen capitales canadienses) gracias al TBI Argentina-Canadá. Así se forma un entramado complejísmo de relaciones bilaterales en donde se aplica la llamada cláusula de la nación más favorecida que permite, sin importar las condiciones que hayamos firmado nosotros con un país "A", si firmamos otro TBI con un país "Z" que otorga mayores beneficios, debamos estar obligados a extender dichos beneficios a "A" y al resto de los países con los que hayamos firmado un TBI.
Además, estos acuerdos otorgan la capacidad procesal activa solamente al inversionista (es decir a la empresa transnacional) para poder demandar al Estado receptor de la inversión, no así viceversa, lo cual constituye una flagrante desigualdad en términos procesales ya que habilita que una empresa extranjera eluda la jurisdicción de los tribunales locales y lleve sus demandas ante los foros internacionales pasando por arriba de la jurisdicción nacional.
Los montos y los motivos de las demandas también suelen ser notables. La empresa Aguas del Tunari (filial en Argentina de la transnacional francesa Vivendi Universal y proveedora del servicio de agua potable en la ciudad de Tucumán) demandó a nuestro país por US$ 300 millones por la supuesta violación de un contrato de concesión que duró 2 años y que supuso una inversión de tan sólo unos US$ 7 millones.
Estos acuerdos resultan ser en los hechos un corset para las políticas públicas de control sobre las inversiones y actividades de las multinacionales, pudieran o no significar renacionalizaciones de las empresas privatizadas y retomar los servicios por prestadores nacionales. Ejemplo: supongamos que la Alumbrera contaminase o que no cumpliese con los requerimientos establecidos dentro del contrato celebrado con la provincia de Catamarca. Si Catamarca (o eventualmente la Nación) decidiese rescindir el contrato, la empresa (transnacional) podría argüir que fue "expropiada" o que sufrió una "medida similar a la expropiación" (ambas causales de acciones ante el CIADI por los TBIs) y demandar al Estado internacionalmente. No importa si los tribunales domésticos entendieran que estuvo bien quitada la concesión, la empresa podría tener a favor un laudo multimillonario por la supuesta violación de un TBI.
Este tipo de condicionamientos jurídicos para las políticas públicas de gobiernos de perfil no-neoliberal ha causado que países como Bolivia, Ecuador o Venezuela hayan renunciado a su membresía del CIADI. Incluso el conflicto sobre las pasteras entre Uruguay y la Argentina también estuvo atravesado con este tema de fondo: Uruguay tiene un TBI firmado con Finlandia (de donde proviene la empresa Botnia) que permitía demandar al Estado uruguayo en caso de decidir retirar los permisos de instalación de la planta en territorio uruguayo. Aún cuando ello hubiera sido negociado con la Argentina, Uruguay estaba obligada a continuar con la inversión finlandesa o atenerse a ser demandada por Botnia ante el CIADI por sentirse "expropiada".
Agua, pasteras, mineras... La banalización de la discusión que se está dando bajo un manto aparente de "no le escapemos al debate" mientras se tocan solamente algunas aristas seleccionadas del mismo es, desde ya, lastimosa. No sólo porque le quita peso y complejidad al mismo, sino además porque lo vuelve falso, acartonado y de un bajo nivel que no se condice con la gravedad del tema pero sí quizás con ciertos intereses que, ante las consecuencias escandalosas como que la producción minera deja en las provincias nada más que cerca del 2 o 3% del capital invertido mientras que el resto se va al exterior (esto con retenciones a la exportación minera inclusive, que resulta ser mínima), resulta ser bastante maniqueo.
La discusión sobre la megaminería se entronca también con muchos otros temas como ser la distribución de la renta, el modelo de desarrollo, el desarrollo vs. la contaminación, el modelo productivo y de consumo, etc. Se suelen traer ejemplos foráneos sobre "lo que hay que hacer". Ejemplo: escuché en uno de los debates televisivos que la renta minera en Australia deja el 18% de lo invertido como rédito para el país, mientras que en Argentina ese resultado significa un 3% que equivale a un 1% de su PIB, lo que resulta una broma de mal gusto en comparación con el pasivo ambiental que la actividad deja en nuestro territorio.
Pero además, ¡Australia es un país árido, nosotros no! La comparación sobre lo "aceptada" que se encuentra la megaminería en "países serios y desarrollados" puede asimilarse en su estilo comparativo con el decir que los países "serios y desarrollados" aplican los planes de ajuste fiscal tan "serios y responsables" que el actual gobierno argentino rechaza. ¿Acaso eso hace más o menos serio al gobierno de turno? No. Simplemente no es comparable la realidad argentina y latinoamericana con las realidades de otras latitudes así, de manera tan lineal. Pero para agregar, es derecho de los argentinos el determinar la regulación de las actividades económicas que deseamos, descartas las que no deseamos y determinar en qué condiciones queremos que se realicen las que permitimos. Y eso es potestad del Estado Nacional en su decisión política y soberana: "Ni calco, ni copia".
La actividad minera necesita de cuantiosas toneladas de agua dulce (recurso no renovable dijimos) para poder operar. Es por ello también que muchas operaciones mineras en Chile se están mudando para la Argentina: por su proximidad, porque la actividad minera en Chile comienza a agotarse, pero además por las reservas de agua que Argentina cuenta y Chile no. Tal comportamiento es la de un depredador: que se muda a otro lado cuando ya arrasó con lo que había y lo deja atrás.
También se mete en el debate el tema del desarrollo. Es cierto que muchas, casi todas, las actividades económicas generan algún tipo de contaminación. La simple quema de un árbol genera humo, pero en una proporción que no es nociva para la vida y que el planeta puede asimilar. Actividades como la megaminería a cielo abierto provocan trastornos muy serios que la naturaleza no asimila y sus consecuencias quedarán allí por miles de años. Los efectos de dicha actividad se vuelven, entonces, irreversibles y ese es el tipo de contaminación que es irreparable. No valen los discursos desarrollistas para contraargumentar esta realidad, aduciendo que "toda actividad contamina" (lo cual es en gran parte cierto) o que la única alternativa pareciera ser el atraso. Esto es falso y maniqueo. El tema de fondo es la abominación que significa el taladrar el Aconcagua unos cuantos de cientos de metros para sacarle lo que sea que éste tenga dentro. Porque es una abominación el despilfarrar cientos de miles de litros diarios de agua en zonas áridas, el dinamitar cerros completos, el arrasar con una geografía determinada, para obtener objetos suntuarios como el oro o confortabilizar nuestras vidas con conputadoras y teléfonos celulares que rotamos cada cuánto tiempo: ¿un año...?
Ello nos lleva a discutir sobre el modelo de producción y el modelo de consumo. Un desarrollo económico basado en un sistema que dilapida los recursos naturales es sencillamente una locura. Y ese es el ritmo de vida que llevamos hoy: consumir baterías de litio como si fueran caramelos, cambiar celulares sólo por una cuestión de moda, cambiar nuestras computadoras porque "la tecnología" (hablemos con propiedad: las empresas que fabrican las computadoras hacen que) se torna obsoleta al ritmo de tan sólo dos años! Este estilo de vida demencial del descarte permanente significa un abuso que va en contra de nuestros propios intereses a futuro y el de las generaciones venideras, incluso cuando éstas pudieran ser todavía más contaminantes que nosotros.
El tema es que somos nosotros los que nos enfrentamos a una disyuntiva que nuestros nietos no tendrán. Ellos actuarán en base a los efectos que nosotros dejemos. Y si nosotros volamos el Everest, la decisión es ahora y es nuestra. Nuestros nietos deberán aceptar que alguna vez hubo un Everest y que solamente lo podrán conocer por fotografía... Pero ellos nunca tendrán la opción de verlo o de "volver a levantarlo". Ergo, nosotros somos los únicos responsables, hoy y ahora, de plantearnos las preguntas de a dónde queremos llegar con todo esto y si realmente queremos provocar las consecuencias que habrán de perdurar por generaciones en, digamos, lugares como Famatina.
De no ser por los fuertes intereses involucrados y por las muy serias afectaciones que la megaminería involucra, el "debate" que está resonando en todos los medios resultaría bastante gracioso. Pero no lo es y nos involucra a todos.

La Presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, realizó hoy un acto en Casa de Gobierno en el que anunció dos medidas que el gobierno ha tomado respecto del tema del reclamo de soberanía territorial sobre las Islas Malvinas y la escalada diplomática iniciada desde las declaraciones del Primer Ministro británico David Cameron días atrás.
La primera decisión, de carácter interno, es la de hacer público el "Informe Rattenbach" que fuera realizado por una comisión a la cabeza del Gral. Augusto Rattenbach para realizar la investigación sobre las responsabilidades política y militar sobre la conducción de la Junta Militar que gobernara de facto nuestro país en 1982 y que iniciara el conflicto bélico de aquel año.
El mencionado informe se encontraba bajo el estado de "secreto de Estado", el cual ha cesado en el día de hoy mediante la firma del Decreto Presidencial 200/2012. Dicho decreto forma una comisión presidida por el hijo del Gral. Rattenbach, el Cnel. Benjamín Rattenbach, a fin de "aconsejar en el plazo de 30 días corridos a la presidenta de la Nación la parte de la documentación contenida en el informe mencionado (...) cuya eventual publicación y/o difusión por cualquier medio pudiera poner en riesgo la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores." El análisis previo es para que la Presidenta "disponga mantener o no el carácter de clasificación de seguridad en los términos de la Ley 25.520."
La otra medida, de índole internacional, ha sido llevar al Consejo de Seguridad así como a la Comisión de Descolonización de la Asamblea General de la ONU la protesta formal de la República Argentina sobre la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Este es el video del acto oficial en la Casa de Gobierno, que contó con veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes políticos del oficialismo, la oposición, el movimiento sindical, organizaciones sociales y de derechos humanos, miembros del Poder Judicial, entre otras representaciones.

En un claro desafío al gobierno británico, el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, presentó en Edimburgo su plan para la celebración de un referéndum sobre la independencia que se celebraría en 2014.
En la sede del Parlamento Escocés, Salmond invocó "el derecho de la gente a decidir sobre su futuro" para presentar un plan que consiste en la celebración de un referéndum popular que plantearía la pregunta: "¿Está Ud. de acuerdo en que Escocia sea un país independiente?".
Partidarios de la oposición escocesa y políticos pro-británicos ya critican esta medida del gobierno escocés, liderado por el Partido Nacional Escocés (SNP), socialdemócata y de claro perfil independentista.
El contexto es propicio para sumar un problema interno al gobierno de David Cameron, Primer Ministro británico. La fuerte crisis económica que vive la Unión Europea (UE) y que hace estragos en las economías griega, italiana, española, portuguesa, también golpea las puertas del centro de Europa: Francia y Alemania, pero no le es ajena a Gran Bretaña.
En este marco, el margen de maniobra sobre la política económica para los escoceses es muy limitado. Incluso Grecia -quien actualmente está siendo objeto de fortísimas presiones políticas para el seguimiento de un plan de austeridad ideado desde Bruselas y no por Atenas- posee mayor autonomía que Escocia en decidir qué medidas tomar para encausar este difícil momento de crisis.
Escocia es un país miembro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde la firma del "Acta de la Unión" en 1707 entre este país y el Reino de Inglaterra, acta que nunca fue muy popular entre los escoceses.
Es por ello que el Ministro Principal escocés (tal es que más alto cargo en la administración de Escocia ya que cuenta con un jefe de gobierno, que es el Primer Ministro británico, y un jefe de Estado, que es la Reina Isabel II de Inglaterra) adujera que esta es "la decisión más importante de la gente de Escocia en 300 años" agregando que "un país que habla con voz propia muestra más altura en el mundo y toma responsabilidades sobre su futuro".
La propuesta es de realizar el referéndum en el otoño boreal de 2014, ampliando el derecho de voto a menores de 16 y 17 años. Desde ya que la respuesta de Londres no tardó en esperar, contestándole a Edimburgo que la decisión de cualquier referéndum sobre la independencia escocesa deberá ser negociada y con Londres...
Esto le abre a Cameron otro frente interno que, si bien no resulta novedoso en cuanto a las pretensiones independentistas escocesas, sí es nuevo en plena crisis económica europea y que se suma a las violentas protestas callejeras sobre los planes de ajuste que está llevando a cabo el gobierno a raíz de la crisis económica que golpea a Gran Bretaña. Crisis que evidentemente comienza a socavar el poder político del gobierno conservador.

Desde hace un par de semanas el tema Malvinas ha tenido una escalada en el nivel de la disputa diplomática sobre la soberanía en las islas.
El Primer Ministro británico, David Cameron, ha repetido su fuerte posición respecto de la disputa de soberanía y reafirmó el dominio que el Reino Unido de Gran Bretaña posee de facto sobre el archipiélago desde 1833 (con la interrupción del conflicto armado habido en 1982).
Es más, el conservador David Cameron el pasado 20 de enero de 2012 acusó a la Argentina de ser un "país colonialista" en una insólita alusión que pretende negar el pasado reciente del Imperio Británico sobre las posesiones coloniales continentales y de ultramar alrededor del mundo, y su continuidad colonial en lugares estratégicos como el Peñón de Gibraltar, la Isla Santa Helena, la Isla Ascensión, la Isla Tristán de Cunha, y por supuesto las Islas Malvinas (Falklands), Georgias y Sandwich del Sur, todo ello el cual forma una seguidilla de puntos geoestratégicos claves para su presencia en el Atlántico Sur.
Las islas del Atlántico Sur que se encuentran dentro de esta disputa de soberanía son tres archipiélagos denominados Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De ellas, el primero es el más importante y los tres archipiélagos se encuentran estratégicamente ubicados en las puertas de la zona más ricas del continente antártico: la Península Antártica bajo reclamo de soberanía argentina y sobre la cual existen pretensiones territoriales tanto de Gran Bretaña como de Chile.
Las Malvinas fueron descubiertas por navegantes portugueses en 1501, que simplemente avistaron el archipiélago. En 1520 España divisó por primera vez las islas y desembarcó en ellas reclamándolas para el dominio del rey. En 1592 Gran Bretaña hizo lo propio, así como Francia en 1764. Estos últimos fueron quienes establecieron la primera colonia estable en las islas: Port Louis (en homenaje al rey francés Luis XV). España protestó, reclamando para sí las islas en 1766 y obligando a dejar desierta las islas por parte de Francia, quien desde entonces renunció a sus reclamos de soberanía y reconoció la soberanía española sobre las mismas. En 1811, las Malvinas fueron evacuadas por los españoles, quedando desiertas hasta 1820.
En 1820, la Junta de Buenos Aires -que se había emancipado como colonia española heredando todos los títulos de posesión de territorio bajo el principio del uti possidetis del derecho internacional- resolvió enviar una fragata para tomar posesión efectiva sobre las islas que se hallaban dentro del territorio del antiguo Virreinato español del Río de la Plata. Al mando de Luis María Vernet, la tripulación desembarcó en las islas en 1823 y fundó la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas, fundando en 1929 Puerto Luis en las costas de la Isla Soledad.
El objetivo de la gobernación sobre las islas era controlar las actividades de buques balleneros de distintas banderas que cazaban por la zona. Ello llevó a que las instalaciones de Puerto Luis fueran asoladas por distintas embarcaciones, como la sorbeta de guerra Lexington (de los EEUU) que finalmente destruyó Puerto Luis.
En 1833 arribó la fragata de guerra británica Clio bajo mando del Capitán Onslow -de sólo 23 años- con órdenes de reafirmar la soberanía británica y retomar posesión sobre las islas en nombre del Rey de Inglaterra. El gobernador de entonces, José María Pinedo (ancestro lejano del actual diputado nacional por el PRO Federico Pinedo) entregó las islas sin ofrecer ningún tipo de resistencia, a pesar de las ordenes que Buenos Aires le había dado con anterioridad de defender las islas como posesión argentina y de "no entregarse ante ningún enemigo superior". Previo a abandonar el territorio el día 3 de enero de 1833, Pinedo redacta un documento que nombra "comandante político y militar" de las Islas Malvinas al capataz "Juan Simón". Se trata de Jean Simon, que, además de ser francés, era analfabeto. Antes de zarpar en horas del mediodía hacia Buenos Aires, un oficial inglés llega a la goleta de Pinedo con la enseña argentina (azul y blanca de entonces) doblada y una nota que expresaba que las fuerzas de ocupación habían encontrado "esa bandera extranjera en territorio de su Majestad".
José María Pinedo (quien moriría de muerte natural a los 90 años de edad en Buenos Aires y tras una vida apacible) llegaría a Buenos Aires y recibiría la indulgencia del tribunal militar que lo juzgó gracias al prestigio de su hermano, Agustín Pinedo, quien en 1833 había encabezado la Revolución de los Restauradores contra el entonces Gobernador de Buenos Aires Juan González de Balcarce, por haber querido hacer un acercamiento político con la oposición unitaria y que le valió el rechazo de los federales rosistas. Agustín Pinedo sería nombrado Ministro de Guerra por Juan Manuel de Rosas en 1835 y moriría de insolación en la batalla de Caseros (1852).
En 1965 la Asamblea General de la ONU dicta la Resolución 2065 que "Invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 (XV) [sobre descolonización] de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)", e "Invita al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a adoptar medidas eficaces para dar cumplimiento inmediato y completo a la Resolución 1514 (XV)". Tal resolución aún no ha sido acatada.
Desde 1833, Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas como territorio colonial, con la interrupción de la Guerra de Malvinas (o Guerra del Atlántico Sur) de 1982, en la cual Argentina ocupó las islas durante solo unos meses hasta que el conflicto acabó, favoreciendo al Reino Unido.
Luego del conflicto bélico, Gran Bretaña le dio a los isleños la plena ciudadanía británica y les ha dado dos constituciones para la administración británica sobre las Malvinas (1985 y 2008), otorgándoles ciertos derechos a los kelpers para la elección de sus gobernantes y conformación.
Argentina sostiene su reclamo de soberanía en virtud del título que le otorga el legítimo derecho de poseer como heredera de los territorios coloniales del Virreinato del Río de la Plata, la ubicación natural geográfica de las islas que se encuentran dentro de la plataforma continental argentina, y del principio internacional de la integridad territorial el cual evoca el derecho y el deber inalienable de un Estado de preservar sus fronteras de toda influencia exterior, así como de que los Estados eviten promover movimientos secesionistas o cambios en las fronteras de otros Estados con el objetivo de alterar la situación jurídica de los límites territoriales, actos que son considerados como un acto de agresión.
Esta escalada diplomática -que incluye el envío de submarinos nucleares a la zona para patrullaje- surge del interés de la administración conservadora británica de mover el interés de su propia opinión pública respecto de los actuales conflictos internos que posee el Reino Unido: no sólo la profunda crisis económica que se hace sentir en todo el mundo, pero principalmente en Europa, sino también el fuerte movimiento pro-independentista que existe hoy en Escocia y que gobierna dicho país, región que ya ha anunciado un referéndum sobre su voluntad de emancipación de la corona inglesa para el año 2014 y que, evidentemente, preocupa sobremanera a Londres.
Por otro lado, diversos Estados ya han expresado públicamente su posición favorable a la Argentina de negociar una salida diplomática al litigio. No solamente Brasil se ha manifestado en apoyo a los reclamos argentinos de soberanía sobre las islas, sino también China y recientemente los países del bloque del ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Dominica, Nicaragua, Antigua y Barbuda, y San Vicente y Granadinas).