Una nueva filtración sobre el TISA confirma los temores de la ISP sobre la desregulación y el secretismo

Original Publication Date: 
1 July, 2015

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Comunicado de prensa

Una nueva serie de filtraciones vienen a confirmar los temores de la ISP sobre las limitaciones que impondrá el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) al derecho de los gobiernos a legislar en interés público y a la falta de transparencia que rodea a su negociación.

Entre los documentos –filtrados por Wikileaks – se encuentran el texto principal y los anexos referentes a la transparencia, la reglamentación nacional, el Modo 4 y la contratación pública.

Antes de que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) publicara en marzo de 2014 la primera crítica disponible, TISA frente a los servicios públicos, las negociaciones estaban envueltas en un total secretismo. Esta última filtración sólo sirve para poner de manifiesto el juego al gato y el ratón, cada vez más ridículo, que están jugando las naciones que negocian el TISA.

Resulta cada vez más absurdo que conozcamos la mayor parte de estos textos a través de las frecuentes filtraciones, pero que continuemos desconociendo la imagen completa y, por lo tanto, que el debate en la opinión pública se lleve a cabo sólo a partir de información parcial.

 â€œTratar los servicios públicos como mercancías con las que se puede comerciar crea una idea equivocada de los servicios públicos. De la misma forma, tratar las leyes democráticas y las leyes de los gobiernos elegidos, diseñadas para proteger el interés público, como barreras al comercio es una equivocación fundamental sobre el papel del gobierno”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.

“Las leyes y reglamentos que protegen a los trabajadores y trabajadoras, a los consumidores, las pequeñas empresas y el medio ambiente se establecen porque el mercado no es capaz de producir estos resultados. El poder legislativo es también esencial para garantizar la competencia equitativa entre las compañías y permite que países, ciudades y regiones puedan proseguir su desarrollo económico y cultural y su crecimiento económico”, continúa Pavanelli.

A la ISP le preocupa que tantos países continúen reclamando la imposición de la “prueba de la necesidad” (Artículo 4), que expone a los gobiernos a que se ponga en tela de juicio cualquier requisito normativo que se considere “más gravoso de lo necesario”.

Incluso sin la prueba de la necesidad, a la ISP le preocupa que los negociadores parecen ya haber acordado un amplio abanico de disposiciones que tendrían profundas consecuencias desreguladoras y plantearían más de 20 motivos para cuestionar totalmente la normativa no discriminatoria.

El acuerdo impediría o limitaría las normas gubernamentales que obstaculicen las actividades y beneficios de las principales industrias de servicios de alcance mundial.

La ISP cree que estas filtraciones confirman sus temores de que las negociaciones pretenden imponer una liberalización extrema de la contratación pública frente a lo requerido en algunos países conforme a las normas de la OMC y los Estados Unidos y a los acuerdos de libre comercio de la UE.

Se minarían deliberadamente las políticas gubernamentales encaminadas a utilizar la contratación única para promover el desarrollo de las industrias locales de servicios y el empleo de grupos locales de personas menos privilegiadas.

La ISP teme que el propuesto Anexo sobre Contratación Pública (GPA) se aplique sólo a partir de una lista negativa, es decir, que la contratación pública estaría cubierta si no está en la lista —ello englobaría a toda la contratación de servicios del gobierno no suministrada aún o que vaya desarrollándose (como las energías verdes, las biomedicinas, la e-medicina, etc...). Además, la ISP teme que no se ponga un límite al volumen de compra —con lo cual esta cláusula englobaría a todas las pequeñas empresas locales? y se aplicaría a los gobiernos subanacionales, es decir al gobierno estatal y local?—.

La ISP ha reclamado en repetidas ocasiones la publicación de los textos al finalizar cada ronda de negociaciones, para garantizar la democracia y la transparencia de las negociaciones y para que la opinión pública conozca lo que se está discutiendo en su nombre.